Noticia

1 de febrero de 2011

Discriminar no saldrá gratis

El Gobierno de España ha dado ya su visto bueno al anteproyecto de Ley para la Igualdad de Trato y la no Discriminación que tiene, como objetivos básicos, proteger y reparar a la víctimas, así como prevenir y erradicar toda forma de discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, religión, convicción y opinión, edad, discapacidad, orientación e identidad sexual, además de por cualquier otra circunstancia personal o social.

Tal y como establece en su preámbulo, esta Ley tiene la vocación de convertirse en el mínimo común denominador normativo que contenga las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español y, al mismo tiempo, albergue sus garantías básicas, conscientes de que, en su estado actual, la dificultad en la lucha contra la discriminación no se halla tanto en el reconocimiento del problema como en la protección real y efectiva de las víctimas.

La evolución de nuestra sociedad exige una respuesta más amplia y eficaz para abordar los retos que tiene por delante en materia de integración, ciudadanía y disfrute de derechos humanos y libertades fundamentales, sin discriminación.

En España hemos vivido con éxito un proceso de apertura y reconocimiento a la diversidad y pluralidad, que ha conllevado un reconocimiento legal de derechos de ciudadanía y es necesario, consiguientemente, disponer de una herramienta que permita de manera efectiva disfrutar de éstos a todas las personas, con independencia de cualquier circunstancia personal o social. Asimismo, este proceso de apertura, de la mano del desarrollo económico y social, ha dado lugar a una diversificación mayor de la ciudadanía, cuya convivencia y cohesión tiene que garantizarse a través del reconocimiento de la dignidad de la persona, los derechos fundamentales y el libre desarrollo a la personalidad, fundamentos del orden público y la paz social.

El derecho a la igualdad y la no discriminación no puede ser abordado sólo como una cuestión de minorías. Es necesario ofrecer garantías del disfrute de los que son algunos de nuestros mayores éxitos como sociedad, como la lucha contra las enfermedades o el aumento de la esperanza de vida, garantizando el acceso en igualdad de condiciones a determinados bienes y servicios.

Es cierto que nuestra Constitución recoge expresamente el derecho a la no discriminación. ¿Por qué entonces es necesaria una Ley como ésta? Precisamente para garantizar el cumplimiento de ese derecho de forma efectiva. Primando su carácter pedagógico sobre el sancionador.

Se aplicará a todas las personas, incluidas las jurídicas y en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, con especial énfasis en los campos de la educación, el acceso a la vivienda, la salud, servicios sociales, establecimientos o espacios abiertos al público, empleo y trabajo (público y privado, por cuanta ajena o propia) o la afiliación y participación en organizaciones sindicales, empresariales y profesionales.

En definitiva, esta Ley quiere situar a España entre los Estados de nuestro entorno que cuentan con las instituciones, instrumentos y técnicas jurídicas de igualdad de trato y no discriminación más eficaces y avanzados y reafirma el compromiso inequívoco e indudable de este Gobierno y del PSOE por la igualdad. Se trata ahora de dar un paso más, garantizar este derecho, que “discriminar no salga gratis”, que la sociedad española adquiera y consolide una actitud de rechazo firme y contundente ante cualquier forma de discriminación sea cual fuere su causa, y que permita a todas las personas ejercer su derecho a no ser discriminado, como garantía de respeto y valoración de la diversidad social.

 

 

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